¿CÓMO PUEDE AFECTAR UN EURIBOR NEGATIVO A MI CUOTA HIPOTECARIA?

Uno de los principales índices de referencia que está siendo de aplicación en la gran mayoría de las hipotecas españolas es el EURIBOR. Por primera vez en su historia, éste ha cotizado en negativo. La gran mayoría de los consumidores, cuyas hipotecas se calculan en base a éste más un diferencial, se preguntan cómo puede afectarles en su cuota mensual.

A pesar de que el Euribor se sitúe en negativo a la hora de realizar la revisión de la cuota hipotecaria (anual o semestral, en función de lo que se tenga pactado en el préstamo hipotecario con la entidad bancaria), aplicando el diferencial pactado, es bastante improbable que el resultado arroje un interés a aplicar negativo. La situación con la que sí podríamos encontrarnos es, que el nuevo tipo de interés aplicable sea menor que el diferencial pactado, hecho que produciría una reducción en la cuota hipotecaria, siempre y cuando en la hipoteca no exista cláusula suelo, para cuyo caso será ésta la que rija el tipo de interés aplicable.

A pesar de ello, La Organización de Consumidores y Usuarios (Ocu), considera que las entidades financieras tendrían que abonar, esto es, reducir el capital pendiente de amortización en cada cuota devengada, a los deudores hipotecarios para el caso en que la suma del Euribor y el diferencial sea inferior al 0%. En ese sentido la portavoz de la organización de consumidores, Ileana Izverniceanu, ha manifestado que “Desde la Ocu defendemos que los contratos están para cumplirlos. Los préstamos a tipos variables, frente a los fijos, se concibieron para que el crédito tuviera una evolución similar a los mercados. Por tanto, entendemos que la banca, de la misma forma que aplica automáticamente las subidas de tipos, ha de aplicar las bajadas». A pesar de no saber todavía si se producirá este hecho, la misma afirma que “Es probable que no se lleve a ver esta situación, pero de acontecer, desde la Ocu exigiremos el cumplimiento de la letra de los contrato».

FOTOGRAFÍAS DE MENORES EN LA RED

Disponer de la imagen de una persona requiere de su autorización y en el caso de los menores hay que salvaguardar su derecho a la imagen, siendo garantes y responsables de ello sus progenitores, en cuanto a titulares de la patria potestad.

Es necesario el consentimiento de ambos progenitores para publicar fotografías de un hijo menor en las redes sociales, porque ambos progenitores, estén o no separados o divorciados, son cotitulares de la patria potestad. No obstante, si uno de los progenitores se opone a dicha publicación, el otro puede acudir a la vía judicial para obtener la correspondiente autorización. Pero lo primordial, cuando vamos a publicar alguna imagen de nuestros menores, es preguntarse a quién va dirigida dicha publicación, puesto que cuando los destinatarios de dicha publicación pertenecen al entorno más próximo y cercano (familiares y amigos íntimos) no hay problema.

Recientes Sentencias se pronuncian al respecto de esta cuestión de tan candente actualidad, y precisamente la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en Sentencia de fecha 22 de Abril de 2015, resuelve en el sentido de considerar que cuando la publicación de la fotografías de los menores en las redes sociales, va dirigida a los familiares y amistades más cercanas, no atenta contra el derecho a la imagen del menor. Esto es, es admisible siempre que ambos progenitores sean consciente de que les corresponde velar por la protección integral del menor, restringiendo la privacidad de dichas imágenes y compartiendo éstas únicamente con su entorno más íntimo y cercano. Por otro lado, la Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra de fecha 4 de Junio de 2015, considera que el padre que pretende publicar las fotos de su hijo en Facebook, deberá solicitar precisamente el consentimiento de la madre, y se ella se opusiera, debería acudir a la vía judicial para obtener la correspondiente autorización, del modo que dispone el artículo 156 del Código Civil.

 

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SUSPENSIÓN DEL RÉGIMEN DE VISITAS A LOS PADRES CONDENADOS POR MALTRATO

El Tribunal Supremo dicta Sentencia por la que suspende el régimen de visitas de un padre hacia su hija al haber sido condenado por maltrato

El Tribunal Supremo ha dictado Sentencia ,  estimado un recurso de casación que anulaba las visitas de un padre con su hija menor tras haber sido condenado por maltrato a su pareja y a otra de las hijas en común. Dicha resolución establece que “el juez o tribunal podrá suspender el régimen de visitas del menos con el progenitor condenado por delito de maltrato a su cónyuge o pareja i/o por delito de maltrato con el menor o con otro de sus hijos, valorando los factores de riesgo existentes.

Así, se acuerda que los encuentros entre padre e hija deben ser sumamente restrictivos, en atención tanto al interés del menor como los factores de riesgo existentes, por lo que debe predominar la cautela del tribunal a la hora de fijarlos.

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ANULADO UN PRÉSTAMO AL 24,6 % DE INTERÉS POR EL TRIBUNAL SUPREMO

El Alto Tribunal califica de usurario un préstamo al 24,6 de interés y además lo considera manifiestamente desproporcionado por las circunstancias del caso.

Aplicando la Ley de Represión de la Usura de 1908, vigente en la actualidad, en Sentencia de 30 de noviembre de 2015, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha anulado por usurario un crédito al consumo (denominado «revolving») fundamentado su decisión en lo establecido por dicha Ley: «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte leonino».

Se trataba de un contrato de préstamo firmado por un consumidor, cuyo interés remuneratorio se fijó en un 24,6 por cien TAE (más del doble del interés medio de los créditos cuando se firmó el contrato), y el de demora se estableció en 4,5 puntos más que el remuneratorio. Pero el Tribunal Supremo no tan solo ha calificado el interés estipulado como notoriamente superior al normal del dinero, para calificar el préstamo como leonino y anularlo, sino que además entiende que es manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso. En consecuencia el Alto Tribunal rechaza la demanda del banco, que en primera y segunda instancia había obtenido la razón (Juzgado de Cerdanyola del Vallés y Audiencia Provincial de Barcelona, respectivamente), y se la han dado al consumidor

 

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PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD POR NO PAGAR LA PENSIÓN DE ALIMENTOS

UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO PRIVA AL PADRE DE LA PATRIA POTESTAD POR EL REITERADO IMPAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo confirma que la privación de la patria potestad está prevista cuando los progenitores incumplen sus deberes de forma «grave y reiterada». La STS 4575/2015, de 9 de Noviembre de 2015 priva al padre de la patria potestad, sin perjuicio de que pueda recuperarla cuando cesen las causas que llevaron a su privación. En el citado supuesto se habían producido graves y reiterados incumplimientos por parte del padre, y los mismos habían sido prolongados en el tiempo, por ello el Alto Tribunal acuerda tan drástica medida.

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PRÉSTAMOS PARA FINANCIAR PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

La concesión de préstamos para financiar procedimientos judiciales será una realidad en España

El elevado coste que, en muchas ocasiones, conlleva el acceso a la justicia (abogados, procuradores, peritos,…) y la dificultad de ser asumida por una gran parte de los ciudadanos, ha dado origen a un programa piloto que estudia la viabilidad de conceder créditos a tal fin. Aunque, tal y como hemos avanzado anteriormente, nos encontremos ante un proyecto, podemos adelantar que los mismos serán destinados a financiar aquellos procedimientos derivados de accidentes de tráfico. A pesar de tener que pagar los intereses del préstamo (podrían llegar al 20%) esto facilitaría el acceso de los ciudadanos a la justicia, pudiéndose adelantar incluso alrededor de un tercio de la futura compensación recibida, importe con el cuál el cliente podrá iniciar las acciones legales oportunas o bien destinarlo al pago de rehabilitación o compra de material médico.

El hecho de que sea un producto destinado en exclusiva a las reclamaciones producidas por accidentes viene derivada del hecho de que en estos procedimientos, por norma general, siempre se percibe una indemnización y por ende la entidad que oferta el servicio tiene garantizado la liquidación de la deuda.

A pesar de venderse como un “producto de ayuda” al cliente, consideramos que, si finalmente las condiciones económicas que lleva aparejada dicho préstamo, tales como un interés que podría alcanzar el 20%, son desproporcionadas, teniendo en cuenta que los despachos de abogados facilitan a sus clientes el pago aplazado de los gastos derivados del procedimiento, o incluso tienen sus propias sistemas de financiación.

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IMPORTANTE NOVEDAD EN LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

Previsión de revisión de las rentas en los nuevos contratos de alquiler de vivienda.

Con las recientes modificaciones legislativas, en los nuevos contratos de alquiler, deberá fijarse de forma expresa la revisión de la renta establecida.

La Ley 29/1994 de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, ha sufrido numerosas modificaciones para su adaptación a los nuevos tiempos desde que se promulgó. Una de las últimas, que quizás ha pasado un tanto desapercibida, debida a la prolífera actividad legislativa de este último año, es la llevada a cabo por la Ley 2/2015 de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española. Concretamente el artículo 4.6 de la citada Ley modifica la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) en el sentido de que para el caso de que no se pacte de forma expresa, por las partes contratantes, la revisión de la renta, no se podrá aplicar la misma a los citados contratos.

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MODIFICACIONES EN LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA (ABOGADO DE OFICIO)

logojusticiagratuitaCon la entrada en vigor el pasado 7 de octubre de 2015 de la Ley 42/2015 de Reforma de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, además de incorporarse mejoras procesales, que dotarán de mayores garantías los procesos verbales, es decir, juicios cuya cuantía reclamada no exceda de los 6.000,00€, y modernizar la Administración de Justicia, con la implantación de nuevas tecnologías y sistemas telemáticos, para su utilización por los profesionales del ámbito de la justicia (Órganos judiciales, Fiscales, Abogados, Procuradores,…), aprovecha el legislador para incluir otra serie de reformas, de entre las que en este artículo nos centraremos en las modificaciones que se han introducido en la Ley 1/1996 de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, a fin de adecuarla a la realidad actual.

Entre las principales modificaciones cabe destacar:

– Las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos, menores y personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, con independencia de sus recursos económicos y con una atención o asesoramiento jurídico especializado tendrán derecho a la asignación de un abogado de oficio.

– Además estas víctimas serán defendidas por el mismo letrado en todos los procesos (siempre que sea posible), así se garantiza en mayor medida su intimidad y se disminuye la posibilidad de revictimización.

– También se extiende el ámbito objetivo a todas las familias numerosas, asociaciones de víctimas del terrorismo, o a personas reclamadas por orden europea de detención

– Se incluye el derecho del beneficiario a recibir toda la información relativa a la mediación y otros medios extrajudiciales de solución de conflictos como alternativa al proceso judicial, pero no incluye la asunción de gastos generados en la sesión informativa.

– En el ámbito penal, se señala expresamente que se prestará la asistencia sin la necesidad de acreditar insuficiencia de recursos, sin perjuicio de abonar los honorarios devengados para el caso de no reconocerse el derecho.

– Se tendrá en cuenta el patrimonio, además de las rentas o ingresos.

– El procedimiento de revocación del derecho de justicia gratuita a realizar por la Comisión debe ser con audiencia del interesado y con resolución motivada. En diez días, cabe impugnación ante el juez, mediante procedimiento escrito, eliminándose la vista, salvo excepciones. El juez competente podrá revocar el beneficio también si aprecia temeridad o abuso del derecho en la pretensión amparada por el derecho de asistencia jurídica gratuita.

 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES EN LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO (TARIFA AUR)

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Existe una conciencia generalizada sobre los pasos a seguir ante la formalización de un contrato de arrendamiento. Como es bien sabido, una vez tengamos recogidas las firmas de las partes intervinientes, debemos proceder al ingreso de la fianza (una mensualidad de renta para arrendamientos de viviendas y dos mensualidades de renta para locales) ante el Institut Català del Sòl (INCASÒL), mediante los formularios que se pueden adquirir en las entidades bancarias colaboradoras o bien descargándolo a través de la página web del organismo (http://incasol.gencat.cat/es/2-serveis_i_tramits/fiances/).

El problema viene ante el desconocimiento de la obligación de autoliquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales que lleva aparejado la formalización de un contrato de arrendamiento. Es por ello por lo que a través de esta entrada del blog explicaremos las particularidades, quién, cómo y el plazo existente para realizarla.

EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES EN LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO:

El impuesto sobre TPAJD grava la constitución de contratos de arrendamiento de fincas urbanas o rústicas con un tipo de gravamen del 0,5% aplicable a la base imponible (renta mensual x meses de duración del contrato, sin que éste pueda ser menor a 3 años).

QUIÉN ES EL SUJETO PASIVO?

El sujeto pasivo es el arrendatario, es decir, el obligado a la liquidación de este impuesto es el inquilino.

QUÉ PLAZO DISPONGO PARA LA AUTOLIQUIDACIÓN?

El plazo otorgado por la Administración es de un mes a contar desde la fecha de la firma del contrato de arrendamiento. Pasado este plazo, y de no haberla realizado, se produce un recargo por presentación fuera de término.

CÓMO PUEDO REALIZAR LA AUTOLIQUIDACIÓN?

La Administración pone a disposición del contribuyente una página web a través de la que se pueden descargar los modelos oficiales para su presentación presencial (http://etributs.gencat.cat/es/).

En el caso que nos ocupa, el modelo que debe liquidarse es el correspondiente al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (modelo 600). A continuación dejamos el link directo para su descarga (http://etributs.gencat.cat/es/programes_d_ajuda_models_i_formularis/models/impost_sobre_transmissions_patrimonials_i_actes_juridics_documentats/#FW_bloc_8664ed92-fee3-11e4-a1f3-005056924a59_1). Recordar que junto con el modelo debidamente cumplimentado y liquidado debemos presentar original y copia del contrato de arrendamiento que origina el mismo ante la Oficina Liquidadora correspondiente.

También se nos ofrece la posibilidad de realizar la liquidación telemáticamente a través de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria Catalana. Para ello debemos estar en posesión de un Certificado Digital. (http://www.e-tributs.cat/ca/Pagines/Inici.aspx)

Como siempre ponemos nuestro despacho a su disposición para aclarar cualquier duda sobre este tema vía telefónica en el 93 723 02 81 o a través de nuestro e-mail albertadvocats@hotmail.com

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UN IMPAGO DE LAS CUOTAS DE COMUNIDAD?

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Uno de los efectos aparejados a la crisis económica sufrida en nuestro país ha sido el aumento de impagos producidos por los propietarios en las cuotas de gastos de la Comunidad de Propietarios.

Muchas Comunidades de Propietarios han visto como sus cuentas han sufrido un fuerte golpe ante estos impagos pero no saben muy bien cómo actuar o qué medidas legales pueden adoptarse al respecto. En Albert Advocats (abogados y administradores de Comunidades de Propietarios) os indicamos los pasos a seguir para poder realizar la correspondiente reclamación judicial:

1.- Primeramente la Junta de Propietarios debe aprobar la liquidación de la deuda de cada uno de los deudores, así como las acciones legales a interponer.

2.- Notificar a los propietarios deudores en el domicilio facilitado a tal efecto, o para el caso de no tener constancia de éste, puede realizarse la notificación al departamento perteneciente a la Comunidad (ya sea vivienda o local).

3.- Si pasado un tiempo prudencial, éste no liquida la deuda voluntariamente, debe realizarse un certificado de la deuda, (que deberá ir firmado por el Administrador de la Comunidad, para el caso de que se tenga, y firmado por el Presidente de la Comunidad) donde quede recogido el desglose de la deuda.

4.- Llegados a este punto deben ponerse en contacto con un profesional para que le asesore qué procedimiento judicial de reclamación se ajusta mejor a su caso en concreto (procedimiento monitorio, procedimiento de juicio verbal o procedimiento ordinario) y redactar la correspondiente demanda y posterior presentación ante el Juzgado.

Si desea ser asesorado por nuestro grupo de especialistas en reclamación de cuotas impagadas no dude en ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 93 723 02 81 o bien mediante e-mail (albertadvocats@hotmail.com)